La Universidad de San Carlos de Guatemala y el Consejo Superior Universitario hacen saber a la opinión pública:
La Universidad de San Carlos de Guatemala, ha dado seguimiento a la actual crisis institucional provocada por las acciones del Organismo Ejecutivo como respuesta al trabajo realizado por la CICIG. Derivado de ello, y en aras de aportar soluciones a los problemas nacionales, hace un llamado a la autoridades de los organismos del Estado, para actuar con madurez y solucionar la crisis político/institucional, garantizar el Estado de Derecho, el respeto a las garantías constitucionales y la división de poderes del Estado propios de los principios republicano de una democracia.
De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en territorio nacional; así mismo, regula que los funcionarios públicos son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Es también obligación de las autoridades observar las demás leyes internas, así como como los tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por el Estado Guatemalteco.
Conforme la Carta Magna, la función esencial de la Corte y Constitucionalidad es la defensa del Orden Constitucional, en concordancia con la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; por lo que las resoluciones emite dicho órgano de control constitucional deben ser acatadas por todos las y los guatemaltecos.
Esta casa de estudio reconoce y reitera la importancia que ha significado para nuestro sistema de justicia y sistema democrático, la lucha contra la corrupción y la impunidad, impulsados por el pueblo de Guatemala.
Por lo tanto, insta:
- Al Organismo Ejecutivo, que sus decisiones sean ha apegadas al respeto de la Constitución Política de la República de Guatemala, demás leyes del ordenamiento jurídico interno y normativa internacional, debiendo preservar la gobernabilidad y estabilidad del país, garantizando a la ciudadanía el goce de sus derechos constitucionales propio de un sistema democrático.
- Al Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, asumir con seriedad, responsabilidad y conforme a derecho, sus funciones y atribuciones, que garanticen el sistema de pesos y contrapesos propios de nuestro sistema de gobierno que es republicano, democrático y representativo, para evitar el abuso de autoridad y garantizar las libertades civiles y políticas, actualmente en riesgo.
- Al Ministerio Publico, a realizar las funciones que le competen conforme a la ley.
- A los diferentes sectores que conforman la sociedad guatemalteca, a reflexionar con el fin de contribuir a encontrar soluciones pacíficas a la crisis.
“ID Y ENSEÑAD A TODOS”
Guatemala, 9 de enero de 2019