Luego de un mes de negociaciones y que el CSU cumpliera sus exigencias, los estudiantes mantienen medidas de hecho y se retiran de la mesa de diálogo.
Tras cinco sesiones de la mesa de diálogo y más de un mes desde que iniciaron las negociaciones que buscan resolver el conflicto por el que se mantienen cerrados los edificios de Rectoría y Dirección General de Administración (DIGA), los estudiantes abandonan la mesa de diálogo y exigen continuar las negociaciones con integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU).
Es importante resaltar que durante las reuniones de la mesa de diálogo, en donde participaron representantes de la comisión nombrada por el CSU, estudiantes, dos representantes del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IDHUSAC) y una representante de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) como garantes, se ha cumplido cada una de las exigencias que manifestó el Colectivo Estudiantil Universitario (CEU) y Frente Estudiantil Revolucionario Robín García (FERG).
Entre las solicitudes atendidas se encuentra la entrega de información detallada sobre la tercera fase del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con la cual los estudiantes quedaron conformes, también requirieron ningún tipo de represalia o sanción académica por la toma del edificio de Rectoría, petición que fue aprobada por el CSU.
Rompen acuerdos
El problema que mantiene entrampadas las negociaciones es el rompimiento de algunos acuerdos establecidos al inicio por parte de los estudiantes, quienes incumplían con el cese de la desinformación; además, el 17 de septiembre tomaron de forma violenta el edificio de la DIGA, pese a que ya se había acordado no tomar medidas de hecho.
La ocupación del edificio se hizo accionando extinguidores, que contienen sustancias tóxicas, en contra del personal administrativo. Esto ocasionó la intoxicación de algunas personas y posibles daños a equipos de tecnología, suministros, entre otros. Por este hecho los estudiantes solicitaron que el CSU incluyera en la exoneración de represalias o sanciones académicas la toma del edificio de la DIGA.
Al final, el CSU acordó, el 12 de octubre, no reprimir ni sancionar a los estudiantes por la toma del edificio de la DIGA; a su vez, pidió las siguientes condiciones: identificación de todos los integrantes del movimiento, entrega de ambos edificios (el pasado 13 octubre), asumir la responsabilidad económica de los costos que ha representado la toma, emitir un compromiso escrito de no reincidir en las medidas de hecho y ofrecer una disculpa pública a los trabajadores que fueron afectados por la toma de la DIGA. Sin embargo, los estudiantes optaron por abandonar la mesa de diálogo.
Toda la comunidad sancarlista está siendo afectada
Como consecuencia de la toma de ambos edificios, se han atrasado trámites como la impresión de títulos universitarios, lo cual afecta a profesionales recién graduados que buscan optar a un trabajo digno; la emisión del carné universitario; procesos de graduación; equivalencias; trámites post mortem; pensiones; contrataciones; trámites de jubilación; indemnización; entre otros.