El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC),

 ante la aprobación y la decisión de archivar la “Ley para la protección de la vida y la familia” y las medidas para contrarrestar el alza de los precios de los combustibles,

 

 MANIFIESTA:
 

Que la dinámica parlamentaria en su tercer año, en materia legislativa, ha despertado inconformidades, debido a que los productos legislativos, nuevos y en trámite legislativo desde hace años, han mostrado falencias que podrían, inclusive, ser inconstitucionales, tal es el caso del Decreto Legislativo 18-2022, “Ley para la protección de la vida y la familia”, el cual fue aprobado con 101 votos el pasado 8 de marzo de 2022, y fue archivado el 15 del mismo mes, luego de que 119 diputados votaran a favor de un procedimiento sui generis.

Que hay necesidad de mayor debate en el hemiciclo parlamentario, para que todas las voces representadas en el Congreso de la República de Guatemala contribuyan a elevar la calidad de la legislación, superar las falencias exhibidas y, sobre todo, dotar de mayor legitimidad a las leyes que entran en vigencia y que aspiran a ser positivas.

Que la protección a la vida es una responsabilidad del Estado según la Constitución Política de la República de Guatemala, abarca desde la concepción y todos aquellos aspectos de la convivencia en sociedad que coadyuvan a gozar de una vida digna a la población; es responsabilidad de las leyes y políticas públicas incidir positivamente en el bienestar de los habitantes de este país.

Que uno de los temas de mayor impacto social en la actual situación de tensiones geopolíticas, es la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, situación que ha golpeado la microeconomía de países con bajos ingresos, lo que conlleva la pérdida adquisitiva de las monedas nacionales por la escalada de precios, que han encarecido la canasta básica en la sociedad guatemalteca.

 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOLICITA:

  1. Al Congreso de la República de Guatemala, elevar la calidad técnica, jurídica y de aplicabilidad de las leyes que aprueban, para que sean soluciones efectivas a los problemas que aquejan a la sociedad guatemalteca.
  2. Al Organismo Ejecutivo, una transparente ejecución de los subsidios temporales aprobados por el Congreso de la República de Guatemala, dirigidos a contener la escalada de precios del gas propano, la gasolina regular y el diésel, para que el beneficio llegue a los sectores más necesitados, que son los que de manera inmediata ven reducida su capacidad de compra por la inflación que golpea la economía nacional.
  3. A las instituciones responsables de controlar la especulación de los precios, la calidad y cantidad de los productos: Dirección de Atención al Consumidor (DIACO) y a los Ministerios de Economía y Energía y Minas, el cumplimiento de las regulaciones que eviten la reducción de la capacidad de compra de las familias guatemaltecas, mediante la intensificación de operativos de verificación y control de precios, así como la calibración de bombas dispensadoras de combustible.

La falta de control institucional y la tardía reacción del Estado, ante una inflación importada, aumenta la vulnerabilidad de los segmentos sociales que viven en pobreza y pobreza extrema, agudizando el impacto de la desnutrición y el hambre, a lo que se suman los efectos climáticos de los últimos tres años, que han elevado la inseguridad alimentaria en el país.  

Para garantizar la vida como derecho humano, se requiere coherencia entre la legislación y las políticas públicas, hacia una visión estratégica para alcanzar el desarrollo integral y sostenible.

 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

 

Guatemala, 16 de marzo de 2022

 

 

 

 

 

 

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