El Consejo Superior Universitario a la población en general hace saber:

En defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y en defensa de la soberanía nacional


La problemática regional relativa a los procesos migratorios ha hecho crisis, encontrándose Guatemala –como país de tránsito y origen de migraciones de personas que buscan seguridad y un mejor destino– en medio de una situación compleja que requiere de un abordaje serio, responsable y realista por parte del conjunto de la sociedad guatemalteca. Al respecto


HACEMOS NOTAR:


1.- El ordenamiento jurídico nacional, empezando por la Constitución Política de la República, tiene en el centro de sus altos propósitos la protección de la persona y la familia, así como la realización del bien común. En inequívoca voluntad de procurar la “plena vigencia de los derechos humanos”, según reza su preámbulo, la Constitución incluye entre las garantías fundamentales la libertad de locomoción (Art. 26) y establece que “Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales” (Art. 27).


2.- La USAC rechaza enérgicamente los comunicados emitidos por varios sectores y el Gobierno de Guatemala, que atentan contra la certeza jurídica, el orden constitucional y la soberanía del país, porque contravienen el procedimiento para firmar el convenio de tercer país seguro establecido en la Constitución Política de la República, dada la naturaleza de tal convenio y los alcances del mismo.


3.- Los procesos migratorios desde nuestros países hacia Estados Unidos de América tienen causas estructurales de carácter económico, social, cultural, ambiental y político que denotan las debilidades de sus sociedades de origen para ofrecer a sus habitantes condiciones de seguridad personal y familiar, empleos e ingresos suficientes para vivir dignamente. Todo eso se les niega en nuestros países y por ello optan por emigrar forzosamente. Aunado a que el crimen organizado y el narcotráfico han debilitado el marco institucional.


4.- Los flujos migratorios desde nuestros países chocan con las barreras físicas, administrativas y jurídicas diseñadas para canalizar movimientos demográficos de menor magnitud, dando lugar en el país de destino a respuestas impropias, de carácter policial-militar, de criminalización y descalificación de las y los migrantes, con connotaciones racistas y xenófobas, sin percatarse que la economía y los indudables estándares en las condiciones de vida de la sociedad receptora son atractivos para legítimas aspiraciones de mejoramiento humano. No es el crimen organizado, ni los traficantes de personas quienes inducen la emigración indocumentada, sino solamente se aprovechan de ella gracias a las políticas de los Estados, que se niegan a reconocer y abordar el fenómeno migratorio en sus raíces, y lo utilizan con fines políticos personales.


5.- Guatemala no tiene la capacidad de asumir la responsabilidad de convertirse en tercer país seguro siendo uno de los países con los peores índices de desarrollo humano y de desigualdad en el mundo.
En consonancia con lo dicho, la Universidad de San Carlos de Guatemala, en cumplimiento del mandato constitucional.


EXPRESA:


1.- Que tiene que prevalecer el respeto al orden constitucional, a las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad y la búsqueda de soluciones consensuadas que privilegien el bienestar común para evitar la imposición de las sanciones económicas anunciadas por el presidente de EEUU, Donald Trump, que buscan aplicar cargas financieras a las transferencias internacionales en concepto de remesas e imposición de aranceles a las exportaciones guatemaltecas hacia ese país.


2.- En aras de contribuir a la solución de la problemática USAC propone la creación de una comisión de alto nivel integrada por los diferentes liderazgos de la sociedad guatemalteca, que permita diseñar en el corto plazo una estrategia diplomática que privilegie el diálogo, la negociación y la transparencia, el respeto a la Constitución y demás leyes del país, a fin de evitar que las amenazas se concreten.


3.- El tema migratorio debe abordarse de una manera integral con una visión estratégica en el mediano y largo plazo, identificando la fortaleza de nuestra ubicación geográfica para salvaguardar la soberanía nacional y que los intereses de la nación no sean vulnerados.


4.- Garantizar que el diálogo entre los gobiernos esté de acuerdo a las capacidades que tiene Guatemala y que prevalezcan los derechos humanos sobre los intereses políticos de reelección del presidente Donald Trump y su política proteccionista y hegemónica.


5.- Guatemala debe asumir el liderazgo en la región centroamericana tomando ventaja en el proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio (TLC), conjuntamente con las autoridades económicas regionales y la oficina del representante comercial de Estados Unidos en diferentes temas, priorizando la agenda agrícola y la eliminación de barreras no arancelarias en la mesa de negociación entre Centroamérica y Estados Unidos.


6.- Nuestro país debe encontrar oportunidades y apoyar los ofrecimientos de México destinados al impulso de programas y proyectos del Plan de Desarrollo Integral, presentado con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que puede contribuir a potencializar las recomendaciones de inversión planteadas en la Agenda Estratégica 2020-2024: Una propuesta desde la Universidad de San Carlos.

 

“Id y Enseñad a Todos”

 

Guatemala, 28 de julio de 2019

 

 

 

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