Estas son las posturas de los aspirantes a magistrados ante la CC sobre diversos temas de interés nacional y sus respuestas a señalamientos

• 47 años. Abogado y notario. Doctor en Ciencias Penales, es integrante del Consejo Superior Universitario, representante del Colegio de Profesionales.
• Posee un postdoctorado en género y sistema penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.

En su intervención manifestó que ejerce la profesión de abogado en una oficina propia, el año pasado declaró en promedio la facturación de Q 35,000 a 40,000 mensuales. Como parte de su perfil psicológico, enumeró rasgos como la honradez, independencia, honorabilidad, empatía, perseverancia y agilidad para resolver conflictos.  Exteriorizó no creer en la pena de muerte y estar en contra del aborto. Con respecto al tema de los costos elevados de medicamentos, expuso que deben atacarse los monopolios, los cuales designan precios sobreestimados; asimismo, destacó que en Guatemala existe personal capacitado para producir medicina. 

Ha sido asesor del exalcalde de Mixco Amílcar Rivera y del alcalde actual, Neto Bran. También ha trabajado como abogado defensor de Gustavo Alejos y Gustavo Herrera, expresó que de acuerdo con los derechos humanos y normativa internacional, no puede ser ligado a las causas que defiende en el ejercicio de su profesión. Al ser preguntado acerca de una reunión con Gustavo Alejos, aclaró que fue a visitarlo a un sanatorio, mientras esperaban a otro abogado; el motivo fue exclusivamente profesional.

Si fuera electo como magistrado titular o suplente ante la Corte de Constitucionalidad, no se abstendría de resolver los procedimientos según los plazos legales, menos para su casa de estudios, como ha ocurrido con los recursos de aclaración y ampliación para que a la USAC le sea asignado el presupuesto constitucional.

Acerca de los señalamientos sobre su relación con el grupo Los Huistas, explicó que él no pudo haber figurado en el juzgado donde se daba seguimiento al caso, puesto que como integrante del Tribunal de Honor, tenía que tomar una decisión acerca del juzgador que debía resolver el caso.

• 61 años. Abogada y notaria. Es magistrada titular de la Corte Suprema de Justicia.
• Doctora en Derecho por la USAC; magíster en género y justicia por la Universidad Mariano Gálvez.

Sobre el aporte constitucional para la USAC, expresó que en su plan hará un diagnóstico para revisar todos los casos con mora judicial, aseguró dar cumplimiento constitucional. “Se debe proporcionar el aporte de acuerdo con las necesidades de la población estudiantil, la cual ha crecido, el presupuesto puede ser incluso mayor del 5 %”.

Manifestó la necesidad de que se superen todas las debilidades que se encuentren al momento de iniciar el cargo. “Yo garantizo que lo que expreso aquí lo voy a cumplir”, enfatizó.

Sobre la activación de la pena de muerte, mencionó que ha sido un discurso populista. “Nuestra Constitución, en el artículo 18, la regula, sin embargo, tiene tendencia abolicionista, no es una pena general, sino que tiene varias excepciones. En el Pacto de San José, artículo 4, se invita a los Estados que han ratificado la convención a la abolición de la pena de muerte, para aplicarla deben concluirse otras vías, hasta el indulto, en Guatemala esto no está regulado, por lo que no puede aplicarse”.

Acerca de la legalización del aborto, expresó que hay cerca de 80,000 niñas que quedan embarazadas, a quienes se les destruyen los planes de vida, por lo que debe trabajarse en la deconstrucción machista para que las niñas tengan una vida libre de violencia.

Sobre la cooptación de la justicia, respondió que hay libertad en el ejercicio de la profesión, pero podría haber conflicto de intereses cuando se litiga y luego se es juez.

• 50 años. Abogado y notario. Es litigante y docente universitario.
• Es doctor en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Da Vinci. Tiene estudios de postdoctorado en género y sistema penal en México.
• En 2008 fue quinto viceministro de Gobernación (gobierno de la UNE).

Propone implementar la figura de suspensión definitiva del amparo, cuando esta acción sea interpuesta para entorpecer los procesos o para evadir responsabilidades que violentan derechos humanos.

Con respecto al acceso a medicamentos para toda la población y su visión de los monopolios farmacéuticos, expresó que el derecho a la salud es universal. Agregó que el IGSS ha interpuesto amparos para no prestar servicios y queda a decisión de un funcionario resolver, para lo cual pueden pasar años, por lo que a veces los enfermos mueren sin que se les proporcionen tratamientos o medicinas.

“Mi postura será que se respeten los derechos humanos. Hay que dictar las resoluciones correspondientes, no puede dejarse en manos de funcionarios la vida de las personas. La suspensión definitiva del amparo reduciría su interposición en un 50 % y la resolución será más rápida”.

Con respecto a la salida de la CICIG del país, se le  preguntó si aprobaría otro órgano similar, a lo que respondió: “Somos capaces en Guatemala, tenemos suficientes profesionales, lo que necesitamos es apoyo de la comunidad internacional, pero debemos exigir respeto a nuestra independencia. El apoyo para atacar la corrupción es excelente y lo debemos recibir, hay que tener la visión de reducir al mínimo la corrupción”.

Ante los cuestionamientos sobre si apoya el matrimonio igualitario, expresó no estar de acuerdo. Sobre la pena de muerte y la legalización del aborto, indicó que personalmente no está a favor; sin embargo, en casos concretos, esa decisión se tomaría a través del pleno de magistrados.

En cuanto al presupuesto adecuado para la USAC, citó que el porcentaje constitucional se le debe asignar.  “Mi apoyo será contra la corrupción. Me comprometo a ser un velante y uno de los precursores para impulsar que se le entregue el aporte a la USAC y que se certifique lo conducente cuando los funcionarios no cumplan su trabajo”, afirmó.

• Abogado y notario. Es docente universitario.
• Tiene doctorados en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y en Educación y Seguridad Estratégica por la USAC y la Universidad Pontificia de Salamanca.

 Fue el cuarto entrevistado por parte del CSU. Citó que dentro de su estrategia para fortalecer la CC, está retomar la misión y visión original, esto implica que no debe haber intervencionismo político, sino desempeño técnico, para lograr el bien común. Además de observar la Constitución y las leyes, la CC debe ser respetuosa de las facultades de los otros órganos estatales. Señaló que urge un cambio en la CC, porque el país está en una disyuntiva: va al desarrollo o a la debacle.

Al preguntarle si considera importante que se establezcan más universidades públicas, mencionó que se necesita un nuevo modelo de país y un nuevo sistema de educación superior, propuso el modelo alemán.

En el tema del presupuesto universitario, aseguró que la Constitución es clara. “Yo fui sancarlista y es evidente que simpatizo con esa idea. Considero que los magistrados deberían tomar una postura de favorecer a la universidad para que se le otorgue el presupuesto, sin educación no puede haber desarrollo”.

Sobre el tema del aborto y la pena de muerte mencionó que la Constitución protege a la vida desde su concepción, pero habría que analizar los casos concretos. “Nuestra Constitución tiene inspiración tomista, donde se faculta quitar la vida en ciertos casos, el derecho internacional no prohíbe la pena de muerte, contempla que se aplique solo en casos exclusivos”.

Entre las preguntas directas realizadas por parte de los miembros del CSU, se le cuestionó si cree que una persona que ha cooptado la justicia y se ha involucrado con el narcotráfico puede optar a cargos en la CC. “En ocasiones ciertos profesionales pueden ser miembros de redes ilícitas que tienen como fin la cooptación y reestructuración de los organismos, pero existe la presunción de inocencia, no nos conviene caer en la descalificación a la ligera. Tiene que haber evidencias, elementos que  comprueben los hechos”.

• 51 años. Abogado y notario. Es litigante y docente universitario.
• Tiene estudios de postgrado en materia constitucional. Es docente titular en Derecho en la USAC.
• Barrios también ha prestado asesorías en instituciones públicas en el actual gobierno.

En cuanto a su propuesta de trabajo en la Corte de Constitucionalidad, indicó que le interesa recuperar la ciencia del derecho, ya que existen errores en muchas decisiones. “Es necesario debatir las sentencias, cuestionarlas y analizarlas”, plantea que existan instituciones con personal capacitado, con conocimiento y experiencia que se encarguen de esto.

Destacó la necesidad de que los funcionarios que designa la USAC rindan cuentas, así como fomentar la cultura del conocimiento constitucional, para que este no sea elitista.

Ante los señalamientos de una posible vinculación con hechos de corrupción y su trabajo como abogado defensor del Rector, explicó que su trayectoria profesional ha sido intachable y es un derecho ejercer la profesión sin que se le asocie con la participación en las causas que defiende. “No se puede satanizar mi calidad por defender a determinadas personas de la universidad”, aseveró.

Expresó que la defensa en el caso del Rector no influiría en su gestión como magistrado de la CC, puesto que aquí no se conocen casos penales y no existen conflictos de interés, su trabajo ha sido lícito y no existe impedimento para participar. Al ser cuestionado sobre su amistad con el juez Lester Castellanos, indicó que no litiga en Quetzaltenango y no tiene participación en ningún caso.

Sobre el señalamiento de que cooptaría la CC porque tiene como antecedente una asesoría en el Estado durante el gobierno actual, expuso: “Yo no soy funcionario o empleado público, a mí me llaman para atender casos como la pandemia, cumplo la función de asesor.»

En cuanto al presupuesto para la USAC afirmó que se ha defendido desde la cátedra un monto no menor al 5 % de acuerdo con el espíritu de la norma que lo estableció, ya que en la práctica se ha buscado hacer el cálculo de acuerdo con las leyes actuales, lo cual perjudica a la Universidad.

Sobre el objetivo de ser magistrado, comentó: “Mi intención es demostrar que el sistema funciona, se puede recuperar si escogemos personas idóneas. Yo me siento competente para este cargo, para representar a la USAC, mi cátedra ha sido intachable”.

Destacó que ante una propuesta de reforma constitucional planteada por la CICIG y la PDH, se excluía a la USAC y al Colegio de Abogados para otorgarle más poder al Congreso de la República; él se pronunció en defensa de la USAC y el Colegio para que esto no ocurriera. 

• 60 años. Abogada y notaria. Magistrada titular de la CC, busca ocupar el cargo por tercera ocasión. La primera vez fue nombrada por Álvaro Colom.
• Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y posee una maestría en Derecho Internacional por la USAC.

Durante su intervención, presentó sus logros como planificadora en la CC durante su magistratura, destacó que su trayectoria como docente le ha servido para desarrollar esa labor que requiere de organización.

Con respecto a los señalamientos de encabezar expedientes, aseveró que durante su gestión más bien ha “desencabezado” alrededor de 5,000 expedientes.

Sobre la permanencia de la CICIG en el país, indicó que este organismo tuvo importancia para desarrollar métodos de investigación especial que contribuyen a resolver casos de corrupción organizada, una de las herramientas más importantes han sido las escuchas telefónicas.

“Se obtuvieron muchos avances en materia de justicia. Creo que aún no estamos preparados para seguir solos, pero tampoco puede haber un acompañamiento eterno. Creo firmemente que si no es a través de la misma figura, puede aceptarse el acompañamiento de otras instancias para combatir este flagelo de impunidad y corrupción”, afirmó.  

Comentó que como parte de su currículo, ha estado en dependencias del sector justicia por medio de las cuales ha podido conocer los sectores más vulnerables del país. “Los niños no son el futuro, sino el presente de este país. Son la razón de que participe en estos procesos. Me inspira proteger a los grupos vulnerables”.

Se considera una docente por naturaleza: “No tener una contratación en esta casa de estudios no me inhabilita ni me impide decir con propiedad que soy una mujer y docente con capacidad, experiencia, integridad e independencia para realizar mis funciones”.  

Con respecto al cumplimiento del reglamento de precursores y sustancias químicas, expuso: “Las decisiones de la Corte de Constitucionalidad son vinculantes y de cumplimiento obligatorio para el poder público, durante la séptima magistratura, ha existido un desafío público para dar cumplimiento a fallos que afectan la justicia del país”.

• 54 años. Abogado y notario. Es candidato a magistrado titular y suplente.
• Tiene estudios de doctorado en Derecho y maestría en la rama constitucional por la Universidad Castilla de La Mancha.

El tema del aborto lo focalizó desde el punto de vista constitucional, donde se protege la vida desde la concepción. Con respecto a los casos de niñas embarazadas, comentó que son grupos vulnerables que deben protegerse y el Estado debe encargarse de proveer los mecanismos para resolver esta situación. “El problema más que jurídico es estructural”.

Acerca de la pena de muerte, sugirió que el tema se estudiara en el contexto donde se reguló. “Dentro de la historia institucional y la historia legal, vamos a determinar que la pena de muerte ha estado presente hasta nuestros días, está regulada, pero también fueron abandonados los conceptos para aplicarla, estos han evolucionado.

Tendrá que hacerse un análisis para ver si se amplía su aplicación, desde mi punto de vista, no podría aplicarse a otros delitos, si se trata de la muerte de una niña, no estamos ante un asesinato o una ejecución extrajudicial, estamos viendo un femicidio; si pensamos que se debe aplicar a este delito, estaríamos vulnerando los compromisos estatales”.

Agregó que comparte el principio de progresividad de los derechos humanos, donde se encuentra el derecho a la vida. “A mi criterio, con fines realmente preventivos, la pena de muerte no ha solucionado los márgenes de criminalidad, creo que una política general debiese orientarse directamente a resolver problemas estructurales. No comparto la aplicación de la pena capital o severa”.

Sobre el trabajo de la CICIG opinó: “La CICIG generó una logística y un baluarte para el sistema de justicia, que debía haber sido transmitido directamente al Ministerio Público,  quien tiene el ejercicio de la acción penal; todo ese bagaje debía quedar en sus manos. Hacia el futuro puede venir otra comisión, pero de acuerdo con la objetividad y la necesidad de lo que no poseamos”.

Manifestó estar de acuerdo con que se le otorgue el 5 % del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado a la USAC: “Hay una obligación constitucional, creo que se avanzó bastante con el fallo emitido por la CC, la visión es que deben  resolverse los recursos de ampliación y aclaración. Vale decir que de lo que a mí corresponda, realmente voy a agendarlo y convocarlo para darle una solución específica”.

 “Agradezco este espacio para poder expresarme ante ustedes y tener la seguridad de que es un proceso transparente, estamos de cara ante la ciudadanía, no escondemos nada, estamos abiertos a cualquier pregunta. La selección queda en sus manos, que sea de personas honestas y probas; de alguna manera, la sociedad los reconocerá”, concluyó.