El rector, Ing. Murphy Paiz —acompañado del decano de la Facultad de Agronomía (FAUSAC), Ing. Agr. Mario Godínez; Dra. Heidy de Mata, directora del Instituto de Problemas Nacionales (IPNUSAC); y Lic. Juan Carlos Palencia, director general financiero— se presentó ante los diputados del Congreso de la República; y el ministro de Finanzas Públicas, Víctor Martínez, para discutir acerca de las necesidades presupuestarias de este año y requerir un presupuesto digno para el 2019.

Hoy el Consejo Superior Universitario decidirá las acciones a tomarse, debido a que la propuesta obtenida aún es insuficiente para atender las demandas universitarias.

El CSU será convocado el martes 13 de noviembre a Sesión Extraordinaria.

El rector expuso: “No es el presupuesto ideal para tener un  cambio sustancial en la USAC, para poder privilegiar lo poco o mucho que ha crecido y mejorado académicamente con la apertura de carreras como Medicina en algunos departamentos, y lograr cubrir toda la República, como ocurrió en el 2018 en Retalhuleu. Mínimo necesitábamos 2,200 millones”.

Agregó que la enmienda efectuada equilibra en aproximadamente 1,900 millones el presupuesto; sin embargo, no se recupera completamente la estabilidad financiera de la institución.

“Todavía hay un diferencial, lo cual no agota nuestra capacidad de negociación. Hemos pedido la voluntad política para que se nos reciba y dialoguemos nuevamente sobre algunos  escenarios. En cuestión de una semana pudo equilibrarse el proyecto del Ministerio de Finanzas Públicas, pero la propuesta aún es débil, no es pertinente y objetiva con respecto a lo que hoy necesita la USAC. Se convocará al Consejo Superior Universitario con el fin de poder mejorar las respectivas negociaciones”.

Sectores de la USAC se pronuncian

El rector comentó que distintos sectores han manejado sus propias agendas para concientizar sobre la necesidad de recursos de esta casa de estudios. “Las manifestaciones se han dado, es algo que en determinado momento hemos respaldado y agradecido, porque son muestras de solidaridad y comprensión sobre la situación financiera de la USAC. El crecimiento de la universidad y su mejora académica están siendo castigados”.

Explicó que el presupuesto no puede ser rígido porque la universidad es dinámica, lo cual se evidencia en la acreditación internacional e inauguración de carreras.

“Sigan, con sus capacidades, exigiendo respeto a la USAC. Nosotros, en nuestra capacidad administrativa, continuaremos manejando números y programas académicos”, afirmó.

Estudiantes de varias unidades académicas se manifiestan por la falta de presupuesto.

Con respecto al porcentaje constitucional para esta casa de estudios, dijo: “Se nos ha conducido a decir que se ha cumplido con el 5 %, cuando aquí mismo se les indicó que la Constitución establece que a la universidad se le debe otorgar un porcentaje no menor al 5%, es decir que la cifra puede ascender, en atención a las necesidades de la población estudiantil”.

El procurador de Derechos Humanos, Lic. Jordán Rodas, asistió a la Marcha de las Mochilas, convocada por la Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León”. También se presentó ante la mesa técnica para apoyar y exigir un presupuesto digno.

“No se puede negociar el presupuesto a espaldas de  los estudiantes, que son la esencia de toda alma máter. Se lamenta que haya prevalecido esa actitud autoritaria y de hacerse de oídos sordos ante el clamor de los estudiantes que tienen que estar en las calles para ser testigos de cómo se define su destino”, expresó.

Afirmó que los estudiantes merecen un mejor presupuesto porque son el presente y el futuro del país. “El 5 % es solamente un piso mínimo, no hay excusa válida para no darle un presupuesto digno a la USAC. Recuerden  que no toda la población tiene acceso a la educación superior privada, eso implica que hay que potencializar a la USAC y no asfixiarla”.

Las bancadas aliadas a FCN-NACIÓN acuerdan conceder a la USAC Q 1.924 millardos, pese a que existen Q 75 millones más que pueden ser transpuestos. El rector requiere Q 2.2 millardos y analiza presentar un amparo en la Corte Constitucionalidad (CC) contra los diputados del Congreso de la República.