UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

 EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO,

con ocasión de la conmemoración del 5 de junio,

Día Internacional del Medio Ambiente,

a la opinión pública,

HACE SABER:

Primero. Biodiversidad: Que la diversidad biológica —que comprende los genes, las especies, los ecosistemas y que supone el sustrato para la viabilidad ecológica de la biósfera del planeta— es vital para el bienestar, salud y prolongación de la vida de la especie humana, la cual depende, a su vez, de los bienes y servicios que esta brinda: agua, aire, alimentos, salud. La negligencia en la protección de la diversidad biológica,  traducida en  la alarmante vulnerabilidad de un millón de especies de plantas y animales en peligro de extinción y la sobreexplotación de más del 90 % de las poblaciones de peces marinos (1) tiene, a su vez, graves consecuencias para la especie humana.

 Segundo. Diversidad cultural: Que Guatemala es reconocida entre los países megadiversos por su riqueza natural y cultural.  La principal estrategia de conservación de la diversidad biológica es el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), que corresponde casi al 32 % del territorio nacional. La diversidad cultural suma al SIGAP otros esfuerzos de manejo sostenible de los territorios de pueblos indígenas y comunidades; ambos sistemas contribuyen a mantener los servicios ecosistémicos y los bienes naturales derivados. Las tierras comunales contribuyen  a la seguridad alimentaria y nutricional asociada a las variedades locales de los sistemas de producción de alimentos y medicinas. Están asociadas al conocimiento, valores y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas; sin embargo, están amenazadas por la desaparición y pérdida del 90 % de las variedades de cultivos agrícolas, del
50 % de razas de animales domésticos y  la sobreexplotación de las principales zonas de pesca. (1)

Tercero. Suelo: Que una de las principales causas de las emisiones nocivas de dióxido de carbono de la atmósfera, la pérdida de hábitat y de la destrucción de la biodiversidad es la alarmante deforestación por el cambio de uso del suelo, generado por la continua expansión de las fronteras: agrícola, urbana, ganadera, megaproyectos extractivos y actividades ilícitas. La ingobernabilidad y conflictividad territorial —manifiesta en la tala ilegal, la cacería y otras actividades ilícitas en el Petén— se hace evidente en la magnitud y frecuencia de los incendios de estas selvas, lo que ha provocado, en el año 2019, daños importantes en las áreas protegidas: Biotopo San Miguel La Palotada-El Zotz y los parques nacionales Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón. Ante esta realidad, las instituciones con competencia para la prevención y combate de incendios son poco efectivas. Este problema tiene un origen histórico estructural del Estado, al no proveer bienestar y alternativas de desarrollo para comunidades vulnerables a dinámicas al margen de la ley, tales como ganadería, agricultura y el crimen organizado, incluyendo el narcotráfico, que ocurren aún en áreas protegidas de las categorías más restrictivas.  

Cuarto. Aire: Que los estudios científicos realizados por la Universidad de San Carlos de Guatemala demuestran y alertan sobre el deterioro de la calidad del aire provocado por la emisión de contaminantes atmosféricos por fuentes móviles y fuentes fijas no controladas en la Ciudad de Guatemala y otros centros urbanos del país. El principal contaminante del aire es el material en suspensión conformado por partículas sólidas y líquidas que por su tamaño pueden ser inhaladas por el ser humano y que además quedan suspendidas en el aire por largos períodos de tiempo, lo que permite también una movilidad que no conoce fronteras. La fuente principal de ese contaminante es el parque vehicular en constante crecimiento, por lo que se hace imperativa la implementación de una ley de emisiones de fuentes móviles y la significativa mejora del transporte público, buscando alternativas como el uso de automotores híbridos o eléctricos, que sustituyan el consumo de combustibles fósiles. A las emisiones por fuentes móviles hay que sumar las producidas por la actividad industrial no controlada, la práctica de quema agrícola, los incendios forestales y ciertas prácticas culturales que vienen a contribuir con la emisión de otro tipo de contaminantes gaseosos con conocidos efectos dañinos sobre la salud humana y el ecosistema en general, incluyendo la liberación de gases de efecto invernadero y de otros compuestos químicos que dañan la capa de ozono, contribuyendo Guatemala al cambio climático global, con consecuencias negativas para la salud humana, que incrementan significativamente la vulnerabilidad y seguridad alimentaria en todo el territorio guatemalteco. 

Quinto. Agua: Que es urgente el uso sostenible de los recursos hídricos que comprende la protección de los cuerpos de agua y las zonas de recarga hídrica a través del manejo de cuencas. Es por ello que la USAC lideró, en el año 2016, el proceso de consulta nacional denominado “Diálogos por el agua”, para abordar la problemática, la gobernanza y la gobernabilidad de este recurso estratégico. Los aportes se presentaron a la sociedad y a instituciones competentes (3). Con ello se ha venido trabajando una nueva iniciativa de ley de aguas, sin tener respuesta de las autoridades nacionales. Por otro lado, la aplicación de la ley de descargas de aguas servidas ha sido aplazada por los alcaldes en reiteradas oportunidades, y ante la crisis ambiental, que, entre otras, deriva en contaminación de las aguas por plásticos procedentes de polímeros del petróleo, ya es urgente implementarla.

Sexto. Carencia de políticas ambientales efectivas: Que la acelerada destrucción de la riqueza natural, evidente en la situación socioambiental crítica y compleja del país, se deriva –entre otras cosas– de la marginalidad del tema ambiental como matriz para el desarrollo sostenible y del modelo extractivista, con ausencia de políticas públicas efectivas, el escaso presupuesto asignado, la debilidad en el cumplimiento de la legislación, la falta de idoneidad y formación de los funcionarios a cargo de las instituciones ambientales. Estos factores ponen en riesgo la calidad ambiental y los derechos humanos de los guatemaltecos en el presente y futuro.

 

POR TANTO, EL CSU ACUERDA:

Primero: Instar a toda la ciudadanía guatemalteca a adoptar medidas urgentes para proteger y gestionar de manera sostenible la frágil e imprescindible red que sustenta la vida en nuestro único y excepcional planeta, dentro de la porción que nos toca administrar, nuestra tierra, Guatemala, redoblando esfuerzos colectivos e individuales para evitar un colapso que se encuentra más cerca de lo que se quiere creer. Se debe actuar hoy, cuando todavía es posible evitar una hecatombe de incalculables consecuencias.

Segundo: Exigir a los funcionarios y a los postulantes a cargos de elección popular para el Ejecutivo, Legislativo y alcaldías que los planes de gobierno consideren, como agenda prioritaria, el desarrollo sostenible de las generaciones presentes y futuras de guatemaltecos, integrando sin dilación el conocimiento, la protección y uso sostenible de la diversidad biológica y la calidad ambiental en sus componentes aire, agua y suelo, trascendiendo el actual modelo extractivista.

Tercero: Exhortar a la población activa en la protección ambiental a que fiscalice y denuncie cualquier incumplimiento de deberes, corrupción y abuso de poder de los servidores públicos que impidan alcanzar las metas en este imprescindible tema para la reproducción de la vida.

Cuarto: Demandar que no se permitan las prácticas perjudiciales para el ambiente y se busque de forma conjunta la aplicación de soluciones ya demostradas. Dentro de ello, que se conozcan, valoren y promuevan los diversos sistemas ancestrales de producción y consumo de alimentos del país, optimizando el cultivo orgánico y sostenible, para mejorar la salud y la seguridad alimentaria y nutricional.

Quinto: Demandar a las instituciones competentes que declaren alerta roja e implementen el estado de calamidad en las áreas protegidas quemadas, para favorecer su monitoreo y evitar el cambio de uso del suelo con actividades contrarias a lo establecido en los planes de manejo, permitiendo la regeneración natural y la restauración asistida, en donde sea necesaria.  

Sexto: Urgir al Congreso de la República para que emita la “Ley contra las emisiones de fuentes móviles y contaminantes gaseosos”, “Ley de Aguas”, “Ley de Ordenamiento Territorial”; así como a las autoridades competentes, la correcta aplicación de la “Ley de descargas de aguas servidas” y demás leyes ambientales.

Séptimo: Reconocer el esfuerzo de los ambientalistas caídos en el ejercicio de proteger la biodiversidad nacional; dentro de ellos, se lamenta la muerte del bombero forestal Vicente Julajuj Cortéz, quien falleciera el 19 de mayo del año en curso durante el combate de un incendio forestal en el Parque Nacional Sierra de Lacandón. El CSU se solidariza y expresa sus condolencias a su familia.

 

Guatemala, 5 de junio de 2019

 

«ID Y ENSEÑAD A TODOS»

 

  1. Alvárez, N. (2019). Según Conred, el 90 % de los incendios forestales son provocados. Publinews Guatemala. Recuperado de http://www.publinews.gt/gt/noticias/2018/04/09/segun-conred-90-los-incendios-forestales-provocados.html
  2. Jardel-Peláez, E.J. 2010. Planificación del Manejo del Fuego. Universidad de Guadalajara-Fundación Manantlán Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Autlán, Jalisco, México
  3. (2019). Hectáreas consumidas. Temporada de incendios 2018-2019. Guatemala. CONRED. Recuperado de http://conred.gob.gt/site/ultimas-24-horas

 

 

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