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Servicios vitales son afectados por toma de la DIGA

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Supuestos estudiantes que integran el CEU

Manifestantes dañan a trabajadores y paralizan servicios vitales de atención a la crisis sanitaria.

Los supuestos estudiantes que mantienen tomadas las instalaciones de Rectoría desde el pasado 10 de septiembre irrumpieron ayer de forma violenta en el edificio de la Dirección General de Administración (DIGA).

Entre las actividades que se verán afectadas está la impresión y entrega de títulos universitarios, el préstamo de tanques de oxígeno a la comunidad universitaria en caso de emergencias provocadas por la pandemia y la atención mediante telemedicina, que ya ha identificado casos sospechosos de la enfermedad COVID-19, este último servicio funciona las 24 horas y está dirigido a toda la población guatemalteca.

Durante la toma del edificio los presuntos estudiantes accionaron bombas extintoras de fuego en contra del personal que se encontraba laborando. El suceso provocó la intoxicación de varios trabajadores, por lo que tuvieron que ser atendidos por parámedicos de la Unidad de Salud.  El acto fue registrado en un video que provocó el rechazo de la comunidad universitaria.

Continúan sin identificarse

 Los manifestantes se niegan a instalar una mesa de diálogo y  evitan que se verifique que son estudiantes regulares.

A través de una cédula de notificación, entregada por el abogado Edwin Donis, quedó constancia de que este jueves se le entregó al grupo de supuestos estudiantes el Protocolo Estratégico para Prevenir la Ocupación de las Instalaciones de la Universidad de San Carlos y se les informó quiénes son los integrantes de la Comisión Específica de Mediación y Negociación, integrada por orden del Consejo Superior Universitario (CSU).

Según declaró Donis, fue atendido por un grupo de cinco personas que no se quisieron identificar, pero leyeron el contenido de las actas y expusieron que eran integrantes del Colectivo Estudiantil Universitario (CEU) y del Frente Estudiantil Revolucionario Guatemalteco (FERG).

El protocolo en mención fue aprobado por el CSU con el fin de salvaguardar la integridad física de la comunidad sancarlista, proteger el patrimonio universitario y garantizar la continuidad de las actividades educativas, científicas, administrativas y culturales.

Antecedentes

El 13 de julio de 2020 Samuel Alejandro Pérez Neal, representante del CEU, presentó vía electrónica ante la Coordinadora de Información Pública de la USAC datos sobre el préstamo de USD 120 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Tras solicitar una prórroga, la Unidad Ejecutora BCIE entregó el 5 de agosto varios documentos, entre ellos, contratos; listado de proyectos e informes de ejecución de la etapa I y II, que son préstamos anteriores realizados al BCIE y ya han sido ejecutados; el listado indicativo de proyectos aprobados por el CSU, contenido en el Acta No. 14-2019, de fecha 12/06/2020; y el listado de proyectos estimados por unidad beneficiaria de la tercera etapa (el préstamo de los USD 120 millones).

El 12 de agosto Pérez Neal presentó vía electrónica una nueva solicitud de información, donde requirió la planificación presupuestaria detallada por unidad beneficiaria de la tercera etapa, el estudio técnico de los proyectos, inscripciones del Registro General de la Propiedad de los inmuebles donde se realizarán las construcciones y las cotizaciones de los materiales o documentos que justifiquen los montos de cada proyecto.

El 3 de septiembre la Unidad Ejecutora USAC-BCIE responde que el componente de preinversión, del Plan Global de Inversiones, aprobado por el BCIE, contempla realizar los estudios de prefactibilidad, factibilidad, preinversión y planificación de cada uno de los proyectos de la tercera etapa; trabajo que se realizará cuando se empiece a ejecutar el préstamo, por ello, aún no existe dicha información. “Aunque cada unidad beneficiaría presentó sus proyectos, las cantidades son estimadas y serán definidas durante la preinversión”, detalló.  

El 9 de septiembre Pérez Neal interpone un nuevo recurso de revisión alegando que no se le desea entregar la información.

El 10 de septiembre a las 13:50 un grupo de diez supuestos estudiantes toma las instalaciones de Rectoría manifestando oposición al préstamo de USD 120 millones del BCIE.

El 12 de septiembre la Ing. Wendy López, directora de la DIGA; acompañada del secretario administrativo, Bayron Chocoj; y Ronnie López, coordinador de Seguridad, explica la existencia del protocolo de seguridad, y los invita a  iniciar una mesa de diálogo al día siguiente, antes de cumplir lo estipulado en el protocolo, para lo cual los manifestantes debían nombrar a cuatro representantes que tenían que identificarse como estudiantes regulares de la universidad y descubrirse el rostro durante las negociaciones. Además, se les informó que en esta mesa también participaría un representante de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

El 13 de septiembre integrantes de la comisión especifíca de mediación y negociación, nombada para este caso por el CSU y el representante de la PDH, se hicieron presentes a las 8 de la mañana frente a la Plaza de las Banderas. Sin embargo, los supuestos estudiantes nunca nombraron a sus representantes ni se identificaron, solo manifestaron su desacuerdo para participar en el diálogo.

El 17 de septiembre toman con violencia las instalaciones de la DIGA accionando extintores de humo, lo que provocó la intoxicación de varios trabajadores administrativos.

 

Este viernes 18 de septiembre se ha convocado para que se instale la mesa de diálogo a las 8:00 a. m. frente a Rectoría.