La lucha por un presupuesto digno para la Universidad de San Carlos de Guatemala ha sido prolongada y persistente. Como resultado de un amparo interpuesto por la Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” el año pasado se obtuvo una sentencia favorable para hacer efectivo el cumplimiento del artículo 84 de la Constitución.
“La USAC trabaja con las condiciones mínimas por el desfinanciamiento que prevalece desde hace años. No podemos continuar con una reducción presupuestaria, hemos cumplido con nuestro compromiso de mantener abiertos todos los programas educativos en el país. Es momento de que se le den condiciones adecuadas a la universidad, la crisis financiera afecta salarios, cobertura y calidad educativa».
Ing. Murphy Paiz, Rector
Debido a la falta de un presupuesto adecuado para cubrir las necesidades de la creciente matrícula estudiantil, la USAC se ha mantenido en una permanente crisis financiera por años.
El papel que desempeña esta alma máter en el desarrollo del país es preponderante; atiende a más de la mitad de los estudiantes de nivel superior y, pese a sus limitaciones económicas, realiza destacados aportes académicos, sociales, científicos y culturales. De contar con un presupuesto idóneo, los estudiantes tendrían mejores condiciones de formación y los beneficios para la sociedad se multiplicarían.
Con respecto a la necesidad de que la USAC obtenga el presupuesto legal, el Rector, Murphy Paiz, ha indicado: “Se nos ha conducido a decir que se ha cumplido con el 5 %, cuando la Constitución establece que a la universidad se le debe otorgar un porcentaje no menor al 5 %, es decir que la cifra puede ascender, en atención a las necesidades de la población estudiantil.
El 5 % es solamente un piso mínimo, no hay excusa válida para no darle un presupuesto digno a la USAC. No toda la población tiene acceso a la educación superior privada, eso implica que hay que potencializar a la USAC y no asfixiarla”.
Como parte de los logros para que la Corte de Constitucionalidad avale el cálculo adecuado del presupuesto, están dos sentencias de amparo, una emitida en 2014 y otra en 2019.
Según la sentencia del expediente 5510-2018, de fecha 27 de noviembre de 2019, el máximo tribunal del país exhorta al Ministerio de Finanzas Públicas y al Congreso de la República a respetar la supremacía constitucional y establecer la asignación presupuestaria constitucional “[…] acreditada directamente del total de los ingresos tributarios, sin que prime, para ese efecto, ninguna otra deducción de distinto carácter”.
El fragmento citado concuerda con la sentencia del 10 de junio de 2014, emitida por la Corte dentro del expediente 5298-2013, donde se aclara la defensa del espíritu de la Constitución Política de la República y se recupera el sentido original de los aportes constitucionales establecidos por primera vez en 1956, los cuales se otorgan sin deducción alguna del total de los ingresos ordinarios del Estado, enfocados en sectores prioritarios para el desarrollo del país.
Pese a que la sentencia del amparo interpuesto por la Asociación de Estudiantes Universitarios es clara y no susceptible de modificación, está pendiente la resolución de los recursos de aclaración y ampliación, por lo que recientemente el Consejo Superior Universitario exhortó a la Corte de Constitucionalidad mediante un comunicado de fecha 20 de septiembre de este año el seguimiento a las impugnaciones, puesto que de la ejecución de esta sentencia depende la estabilización financiera de la USAC.
Crisis financiera actual
La Universidad de San Carlos de Guatemala ha tratado de responder a las necesidades académicas del contexto nacional, para ello ha ampliado su cobertura y abierto nuevos programas educativos. Sin embargo, las iniciativas emprendidas para mejorar y expandir la educación superior se han visto truncadas por la falta de presupuesto y, a lo largo del tiempo, son insostenibles.
La disminución del presupuesto otorgado a la USAC cada año ha sido más aguda. De acuerdo con el profesional Juan Carlos Palencia, director general financiero de la USAC, del 2010 al 2020, los servicios de la universidad se han cubierto, en su mayoría, con aportes extraordinarios, los cuales dependen de la voluntad de los gobiernos, y no corresponden al monto contemplado constitucionalmente. En 2018 se recibió solo el 69 % del techo presupuestario como aporte constitucional.
Entre las medidas para mitigar los efectos de la crisis financiera, a partir del 2018, inició una política de eficiencia y contención del gasto, que ha continuado en 2020 como consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia de la enfermedad COVID-19.
La inestabilidad financiera se debe al incumplimiento de la asignación presupuestaria constitucional no menor del
5 % del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado; la discrecionalidad en el traslado de los aportes extraordinarios programados por el Ministerio de Finanzas Públicas; y la no aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020, se sigue operando con el presupuesto del 2019.
Tampoco se han programado los Q 192 millones para el fortalecimiento de la Universidad de San Carlos de Guatemala, contemplados en el artículo 115 del presupuesto vigente, a pesar de cumplir con la condición de implementar el Sistema de Contabilidad Integrado (SICOIN) como un mecanismo más de transparencia en las finanzas universitarias.
A fin de año la crisis podría acentuarse. La Dirección General Financiera reporta que, hasta agosto de 2020, se tiene una cuota de Q 146.6 millones no trasladada por el Ministerio de
Finanzas Públicas y, al no trasladar un aporte extraordinario adicional por Q 61.1 millones, solicitado en el presente ejercicio fiscal para cubrir principalmente el pago de salarios, se pronostica un déficit presupuestario estimado en Q 400,313,144 millones para el ejercicio fiscal de 2020.
USAC recibe únicamente el 3.33 % del presupuesto, entre el aporte constitucional y aportes extraordinarios.
Consecuencias de la falta de presupuesto
La educación es un derecho humano que debe tender a ampliar las posibilidades de que la población acceda a la misma, por lo que el presupuesto universitario debe tender al incremento y no a la reducción.
“Se busca dignificar a las futuras generaciones, la educación es un derecho fundamental en la Constitución”, indica el Rector ante la necesidad de que se otorgue el monto constitucional.
La inversión en educación es fundamental para el desarrollo del país, si no se atiende esta temática, los rezagos se intensifican. De acuerdo con los datos del Censo 2018, el 20.47 % de la población no tiene ningún nivel de escolaridad y solo el 4. 6 % cuenta con una licenciatura.
La ampliación del presupuesto se hace ineludible para que la educación superior pública sea más equitativa y se mejoren las condiciones en las que se imparten las carreras, con el fin de que las tres áreas sobre las que trabaja la universidad (academia, extensión e investigación) puedan rendir más y mejores frutos en la solución de los problemas nacionales y para que una mayor cantidad de profesionales contribuya con sus conocimientos al desarrollo económico del país, así como a mejorar la calidad de vida de la población.
Actualmente la única universidad pública atiende a más de 220,000 estudiantes distribuidos en todos los departamentos. Cuenta con 10 facultades, 9 escuelas no facultativas, 22 centros universitarios y 2 institutos tecnológicos, en donde laboran más de 10,989 docentes y 5,734 mil trabajadores administrativos y de servicios.
En materia de extensión la USAC aporta conocimiento al Estado mediante más de 100 representaciones en entidades públicas, entre las que destaca el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Junta Monetaria, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, así como en las Comisiones de Postulación.
Además, brinda una gran cantidad de servicios que son trasladados al sistema de salud, educación y población en general. En materia de investigación científica, la producción académica se genera en 42 centros especializados, que realizan aportes concretos al estudio y propuesta de solución de los problemas nacionales, en cumplimiento del mandato constitucional.
La situación financiera ha obligado a la universidad a asumir políticas de austeridad, contención y racionalización del gasto, situación que afecta el normal desarrollo de sus actividades.
Los escasos fondos de este año nuevamente amenazan la calidad y continuidad de los servicios que brinda, por lo que el Consejo Superior Universitario ha requerido la resolución de los recursos pendientes del expediente 5510-2018, con el fin de que se ejecute la sentencia donde la Corte de Constitucional indica el modo en que debe calcularse el presupuesto, que no puede ser menor al 5 % de los ingresos del Estado.
