La Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría, período 2019-2024, realizó una sesión extraordinaria en la que el Consejo de la Carrera Judicial informó sobre el proceso de evaluación a jueces y magistrados, ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC).
Los integrantes del consejo explicaron que la evaluación del desempeño de jueces y magistrados tiene características especiales, pues del resultado depende la permanencia de estos funcionarios en la carrera judicial. De los 402 jueces y magistrados que presentaron su candidatura a las comisiones postuladoras, solo 63 están evaluados.
El presidente de la comisión, Ing. Murphy Paiz, Rector de la Universidad de San Carlos (USAC), indicó que las funciones postuladoras estarán en suspenso hasta que todos los jueces y magistrados que tramitaron su candidatura realicen las evaluaciones, proceso que durará alrededor de 500 días hábiles según consideraciones efectuadas en conjunto por la comisión y el consejo.
“La comisión de postulación ha decidido informar a la Corte de Constitucionalidad (CC) acerca de este estancamiento judicial para que analice qué solución aportar, pues la obstrucción no está causada por la comisión”, expresó el Rector Paiz, quien añadió: “La CC tiene que actuar con sensatez al emitir la sentencia definitiva del amparo, para cambiar este escenario negativo y contrario a los deseos de justicia de la sociedad guatemalteca”.
El Dr. Martín Guzmán, secretario de la CC, informó el 16 de septiembre en conferencia de prensa sobre la decisión de ese tribunal de anular la verificación del cumplimiento de requisitos de los jueces y magistrados, aspirantes a cargos, realizada por los comisionados.
La CC anuló también todo lo actuado por la comisión después de esa verificación, en relación con los indicados aspirantes. Según la CC, el Consejo de la Carrera Judicial desobedeció el artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial al no remitir a las comisiones de postulación las evaluaciones de desempeño de los jueces y magistrados que, ya estando en funciones judiciales, aspiran a integrar las nóminas. En consecuencia, el tribunal constitucional ordenó de manera unánime no continuar con la elaboración de nóminas de candidatos hasta que las referidas evaluaciones estén realizadas según la ley.