Profesionales de distintas áreas intervinieron en el debate “Hablemos sobre el presupuesto del 5 % constitucional de la USAC”, en el que se analizó la necesidad de que esta casa de estudios cuente con recursos adecuados según su población estudiantil.
El evento tuvo por objetivo determinar el origen de las limitaciones financieras, aclarar la forma en que debe calcularse el presupuesto universitario y dar a conocer la importancia de que el Estado invierta en educación.
Erick Coyoy, coordinador del Departamento de Investigación y Consultoría Económica en ASIES Guatemala, con respecto a la necesidad de invertir en educación, indicó: “Si no se invierte en educación tenemos rezagos en el desarrollo del país. Es necesario mejorar todos los niveles educativos; solo el 45 % de la población accede a educación media y el 80 % acude a la educación privada”.
El profesional Juan Carlos Palencia, director general financiero de la USAC, comentó que los servicios de la universidad se han cubierto mayoritariamente con aportes extraordinarios —los cuales dependen de la voluntad de los gobiernos— y no con el monto que constitucionalmente le corresponde a la universidad. Lo anterior provoca que el techo presupuestario de la universidad no pueda ser satisfecho con los recursos asignados.
Respeto al mandato constitucional
El maestro Óscar Erasmo Velásquez, exviceministro de Economía, explicó que no existe la posibilidad de que el Estado quiebre si designa el aporte del 5 % del presupuesto ordinario. “Lo que el Estado debe hacer es ordenarse”, afirmó.
Velásquez también expuso que existen intereses ideológicos para impedir el desarrollo educativo del país: “Temo que quieran tener ideológicamente sometido al pueblo de Guatemala para que no acceda a la educación superior”.
La reciente sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad confirma que la universidad debe recibir al menos el 5 % de los ingresos ordinarios del Estado. Al respecto, Erick Coyoy comentó: “El Estado de Guatemala tiene deberes legales y está obligado a cumplir. La Corte de Constitucionalidad no podrá abstraerse de la situación legal y fiscal, por lo que deberá resolver de fondo el asunto”.
Aseguró que ha sido una mala práctica no entregarle el aporte del 5 % a la USAC, algo que debe resolverse y empezar a cumplirse según la Constitución.
La educación, un derecho humano
“Los derechos humanos, como la educación, se rigen por el principio de progresividad, por lo que el presupuesto de la universidad no debe disminuirse”, indicó Mario Fernando Castillo Cabrera, estudiante de Derecho y exmiembro de Asuntos Jurídicos de la Asociación de Estudiantes Universitarios.
Castillo explicó que, en materia legal, los Estados no pueden inhibirse de velar por los derechos humanos mínimos por falta de presupuesto, por lo que es indispensable que la universidad cuente con los recursos que le permitan satisfacer las demandas educativas de la población.
Distribución eficiente de los recursos
Ante los criterios de que otorgar el 5 % a la universidad podría conducir a la quiebra del Estado, los profesionales aportaron opiniones con las cuales se determinó que se debe readecuar la forma en que se distribuyen los fondos para las instituciones.
Se ha argumentado que no puede otorgarse el presupuesto constitucional a la USAC porque existe una recaudación tributaria regresiva. No obstante, existen prácticas que impiden incrementar la recaudación, indicó Mario Castillo.
Para Abelardo Medina, encargado del área de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), “el Congreso aprueba leyes que tienden a bajar la recaudación fiscal, esto debe mermarse”.
El economista señaló que otorgar no menos del 5 % constitucional a la USAC es indiscutible; sin embargo, habría que buscar la sostenibilidad financiera de los recursos del Estado. Comentó que sería necesario reordenar los recursos y priorizar determinados renglones.
“El incumplimiento de entregar el presupuesto constitucional a la USAC por falta de recursos sienta un mal precedente para que se deje de invertir en servicios sociales con el mismo argumento”, explicó Mario Castillo.
Los ponentes concluyeron que la asignación de recursos debe tomar en cuenta la ejecución y resultados de cada institución. También señalaron como indispensable que todos los sectores paguen una justa cantidad de impuestos, para lo cual se requiere que distintas entidades estatales trabajen en conjunto; lo anterior permitiría hacer efectivo el reordenamiento presupuestario.
Más espacios de diálogo
Para buscar soluciones a la crisis presupuestaria, el ingeniero Murphy Paiz señaló la necesidad de mantener diálogos con entidades como el Ministerio de Finanzas y el Congreso de la República.
“Se busca dignificar a las futuras generaciones, la educación es un derecho fundamental en la Constitución. Reconocemos que la sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad está identificada con el país. Lo que nos queda es generar más espacios de diálogo”.
Cálculo presupuestario
Al realizar el cálculo, debe tomarse en cuenta la normativa de mayor jerarquía, que es la Constitución Política de la República. Este cuerpo normativo, en el artículo 84, establece que a la universidad le debe ser asignado un monto no menor al 5 % del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, por lo que el cálculo debe hacerse sobre los impuestos recaudados, sin ninguna deducción.
La crisis presupuestaria de la universidad se ha debido a la reducción de recursos que año con año realiza el Estado. El director general financiero de la USAC, Juan Carlos Palencia, analizó el período de 2011 a 2020, donde se ha observado un descenso significativo, tanto así que en 2018 se recibió solo el 69 % del techo presupuestario como aporte constitucional.
