Por Karina Rodas, directora del IUMUSAC, fotos de Elio Morales

Iniciando el análisis de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres desde el sector salud, se puede mencionar un hito beneficioso que se convirtió en una obligación para los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

 

Representantes de ambas entidades, reunidas en Washington D. C., del 27 de septiembre al 1 de octubre de 1993, en la 45. ° Sesión del Comité Regional, el 37. ° Consejo Directivo pronuncia la Resolución CD 37/19 “Violencia y Salud”, tomando como base el Informe del Subcomité Especial sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo.

La resolución incluye a las mujeres y otros grupos vulnerables como los niños, jóvenes y ancianos. Desde ese momento se consideró que las conductas violentas constituyen un problema de salud pública de gran magnitud y relevancia en las Américas, que genera pérdidas económicas, daño físico, psíquico y social, muerte prematura evitable y deterioro de la calidad de vida, entre otras consecuencias.

La Resolución CD 37/19 reconoce la violencia contra las mujeres e intrafamiliar como un problema importante de salud pública y de derechos humanos, debido a su extensión, magnitud y consecuencias. Esta afecta de manera desproporcionada a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultas mayores y a otras poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad por razón de su orientación sexual o identidad de género, condición de discapacidad o enfermedad.

Es a partir de este acuerdo que se ha instado a los países a realizar investigaciones científicas, a fin de evidenciar la problemática y dar a conocer las diferentes formas de violencia que existen, para romper las mismas.

La violencia, en todas sus manifestaciones, constituye indicadores de la salud pública, permite medir la calidad de vida y la prestación de los servicios sanitarios de una sociedad.

Para tener datos cualitativos y cuantitativos sobre la violencia, se estableció la clasificación, presentada en el “Informe mundial sobre la violencia y salud de 2002”, que divide a la violencia en tres grandes categorías según el autor del acto violento:

Violencia autoinfligida: como el comportamiento suicida y las autolesiones.

Violencia interpersonal: se divide en dos:

Violencia intrafamiliar o de pareja: en la mayor parte de los casos se produce entre miembros de la familia o compañeros sentimentales y suele acontecer en el hogar, aunque no exclusivamente. Abarca formas de violencia como el maltrato de los niños, la violencia contra la pareja y el maltrato de los ancianos.

Violencia comunitaria: se produce entre individuos no relacionados entre sí, que pueden conocerse o no. Ocurre generalmente fuera del hogar. Se incluye la violencia juvenil, los actos violentos azarosos, las violaciones y las agresiones sexuales por parte de extraños, la violencia en establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, prisiones y residencias de ancianos.

La violencia colectiva es el uso instrumental de la violencia por personas que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo frente a otro grupo o conjunto de individuos, con el objeto de lograr fines políticos, económicos o sociales. Adopta diversas formas, como conflictos armados dentro de los Estados o entre ellos; genocidio, represión y otras violaciones a los derechos humanos; terrorismo y crimen organizado.

Esta clasificación también tiene en cuenta la naturaleza de los actos violentos, que pueden ser físicos, sexuales, psíquicos o basados en las privaciones o el abandono, así como la importancia del entorno en el que se producen, la relación entre el autor y la víctima y, en el caso de la violencia colectiva, sus posibles motivos.

Los comportamientos violentos son el resultado de la interacción de factores que operan a nivel individual y social. Algunos rasgos individuales, adquiridos en el nacimiento, durante el desarrollo o en la adaptación al medio social, pueden favorecer la inclinación a involucrarse en conductas antisociales. Si el medio ofrece recompensas altas, factores facilitadores y bajo riesgo, es muy probable que el comportamiento se realice.

La literatura señala, entre los factores determinantes, dos componentes que limitan el desarrollo de las personas a nivel neurobiológico, ambos están asociadas al cuidado pre y posnatal:

Déficit neurológico: los individuos cuya corteza prefrontal del cerebro es de menor tamaño ven afectada su capacidad de autocontrol. Dicha afección está relacionada con el abuso de drogas durante el embarazo, la malnutrición prenatal, la exposición a agentes tóxicos durante el embarazo; o bien, como resultado de la exposición a contextos de violencia ( Blair, 2001; Gil Verona et al. 2002; Moffitt, 1993; Moffitt et al., 2002 ; Liu, 2005).

Factores genéticos: los dos genes asociados con el comportamiento violento son el gen MAOA, también llamado “el gen guerrero”, y una variante del gen CDH13, este último contribuye al desarrollo de las conexiones neuronales del cerebro y está asociado al Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, el gen MAOA es el encargado de metabolizar la dopamina, sustancia relacionada con el amor y la violencia.

Cuando la absorción de dopamina es demasiado baja tiene como consecuencia una mayor atracción por las situaciones de riesgo y un aumento del comportamiento violento. El consumo de sustancias psicoactivas, como el alcohol o las drogas, influye en el comportamiento agresivo, pues afecta la liberación de dopamina en el cerebro (Tiihonen, et al. 2015; Waltes, Chioccetti, y Freitag. 2015).

Los factores socioculturales relacionados con el comportamiento violento tienen relación con el ámbito familiar, escolar o comunitario en el que se desenvuelven las personas, los patrones de crianza que expresaron rechazo y bajos niveles de apoyo de sus padres, falta de autocontrol, la falta de control social, el aprendizaje social de conductas violentas, antisociales y presión social.

Prevención de la violencia por medio del sector de salud pública

La prevención de la violencia es una prioridad; al ser un fenómeno social que actúa como agravante, evidencia las diferencias y desigualdades en la salud de la población de un país. Además, violenta los derechos humanos, especialmente de las mujeres, niñas y adolescentes.

La salud pública es un derecho humano

La Constitución Política de la República de Guatemala, en los artículos 1, 2, 3 y 4, garantiza la protección a la persona. Las mujeres guatemaltecas tienen el derecho y reconocimiento para el goce, ejercicio y protección de todos sus derechos humanos, oportunidades y condiciones, al igual que los hombres.

El goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. El Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrolla, a través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes, a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social.

La ley suprema determina que la salud de los habitantes de la nación es un bien público. Todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Las comunidades tienen el derecho y el deber de participar activamente en la planificación, ejecución y evaluación de los programas de salud, según los artículos 93, 94, 95 y 98 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Asimismo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social garantizará la prestación de servicios gratuitos a aquellas personas y sus familias, cuyo ingreso personal no les permita costear parte o la totalidad de los servicios de salud.

El Estado de Guatemala, en cumplimiento de su obligación de velar por la salud de los habitantes, siguiendo los principios de equidad, solidaridad y subsidiaridad, desarrolla —por medio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en coordinación con las instituciones estatales centralizadas, descentralizadas y autónomas, comunidades organizadas y privadas— acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, así como las complementarias pertinentes, a fin de procurar a los guatemaltecos el más completo bienestar físico, mental y social. Es responsabilidad de todos los ciudadanos velar por la mejora y conservación de su salud personal, familiar y comunitaria, así como las condiciones de salubridad del medio en que viven y desarrollan sus actividades.

Prevención de la violencia por medio del sector salud

Según el artículo 39 de la Ley del Organismos Ejecutivo, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social le compete formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la salud preventiva y curativa; las acciones de protección, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud física y mental de los habitantes del país; la preservación higiénica del medioambiente; la orientación y coordinación de la cooperación técnica y financiera en salud; velar por el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales relacionados con la salud en casos de emergencias por epidemias y desastres naturales; dirigir en forma descentralizada el sistema de capacitación y formación de los recursos humanos del sector salud.

Se entiende por sector salud al conjunto de organismos e instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, autónomas, semiautónomas, municipalidades, instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y comunitarias, cuya competencia u objeto es la administración de acciones de salud, incluyendo los que se dediquen a la investigación, la educación, la formación y la capacitación del recurso humano en materia de salud y la educación en salud a nivel de la comunidad, según el artículo 8 del Código de Salud (Decreto No. 90-97 y sus reformas).

Importancia del Estado

El sistema de salud puede desempeñar un papel vital para responder y prevenir la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Es esencial para el abordaje desde la perspectiva de la prevención y de la atención en los servicios de salud, así como en la promoción del derecho a una vida libre de violencia por medio de acciones de salud colectiva.

Este papel incluye identificar el abuso temprano, proporcionar tratamiento y encaminar a las mujeres para que reciban la atención adecuada. El abordaje de la salud pública para la prevención estipula como primer paso entender la violencia. Al mismo tiempo, el sector de salud tiene un papel clave en ayudarnos a medir y comprender la violencia contra la mujer para romper el círculo.

La red pública de servicios de salud constituye frecuentemente el primer punto de contacto. Cuando asisten a un centro de salud hay una oportunidad para detectar la violencia, intervenir para reducir sus efectos e incluso evitar la muerte.

Además, puede desarrollar el componente de promoción de la cultura de paz, el buen trato a la infancia y adolescencia y la prevención de la violencia contra las mujeres, así como incorporar buenas prácticas con enfoque de equidad de género y de derechos humanos, la participación e integración de la población, familias, escuela y comunidad en la prevención de la violencia, para el beneficio de todas y todos.

Prevención

 

Vivir sin violencia es un derecho humano fundamental y tomar las medidas para la prevención de este problema es esencial para que se garanticen los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes.

La prevención efectiva tiene la capacidad de evitar la violencia y complementar las acciones del sistema de respuestas para impedir los ciclos de violencia reiterados. Con ello, se compromete a reducir los costes sociales y económicos derivados de la violencia que sufren las mujeres; los costes de los servicios sanitarios, policiales y jurídicos, de la asistencia social e infantil; así como los costes provocados por la erosión de capital humano y pérdida de productividad.

La prevención no puede ser un esfuerzo a corto plazo, sino un empeño que necesita el compromiso constante del Estado, Gobierno, sociedad civil, Academia y demás partes interesadas.

Se requiere de mayor investigación para informar y supervisar los avances y la acción persistente que trate la violencia contra la mujer desde su origen. Enfrentarse a la violencia contra la mujer requiere de continuas intervenciones interdependientes y que estas se refuercen mutuamente.

Es necesario considerar como ejes de prevención los servicios sanitarios, que comprenden los servicios sanitarios primarios, de salud mental, de salud sexual y reproductiva, así como VIH; servicios de salud infantil y para adolescentes. Asimismo, los servicios sociales: para la temprana infancia; de apoyo a familias, niñas, niños, adolescentes y migrantes-refugiados.

Atención

Los programas sanitarios desempeñan un papel muy importante ayudando a los padres a prevenir el maltrato de niños y la desatención. También pueden ayudar a parejas durante el embarazo y en la transición al desempeño de las funciones parentales.

La deficiencia en la salud mental es un riesgo tanto de victimización como de práctica de actos violentos, lo cual sugiere que es importante integrar estrategias para fortalecer la salud mental de hombres y mujeres.

Los programas de servicios sociales son un medio importante para llegar a los jóvenes, especialmente, aquellos que se encuentran fuera del sistema educativo convencional y que son un grupo de alto riesgo.

Los servicios que apoyan a los migrantes y los refugiados pueden abordar grupos a los que no llegan las estrategias diseñadas para las poblaciones de acogida y pueden implementar esfuerzos de prevención justo después de la llegada.

Para realizarlo se requiere iniciar o mejorar la estrategia nacional del mismo, que parte de un análisis de la situación del sector de la salud y el abordaje de la violencia en general, violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, en su prevención y respuesta.

Políticas

Es recomendable crear un comité multisectorial de interesados para la acción coordinada a nivel nacional, regional, departamental y local; así como garantizar la normativa necesaria y pertinente para alcanzar estos objetivos y metas.

A la vez, se requiere desarrollar políticas nacionales, planes, programas, proyectos y acciones en el sector salud para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, con enfoque integral, asegurando la existencia de protocolos y directrices que apoyen la implementación de las políticas públicas del sector salud.

Asimismo, crear un sistema nacional de vigilancia de salud pública sobre la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes; facilitar y garantizar los fondos adecuados para su abordaje integral; adaptar los enfoques del sector de la salud a diferentes contextos y niveles de recursos; y establecer prioridades de los servicios básicos al cuidado integral.

Son necesarias las acciones afirmativas establecidas tanto en las disposiciones normativas nacionales como de la OMS, OPS y demás instrumentos internacionales como la “Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” (Convención de Belém do Pará); la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) CEDAW”; “Recomendación general Núm. 19 (1992): la violencia contra la mujer”; “Declaración y Plataforma de Acción de Beijing”, aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, que complementa los requisitos establecidos en el CEDAW; acciones afirmativas que coadyuven a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en lo público y en lo privado.

 

Camino por recorrer

La violencia contra las mujeres enluta a la sociedad guatemalteca. Mientras exista, no se podrá afirmar que se han alcanzado progresos sustantivos hacia la igualdad de derechos, el desarrollo y la paz, para un país próspero, con bienestar y justicia.

Proteger a los habitantes de la República y garantizar sus derechos fundamentales es un arduo trabajo que se puede coordinar, articular y ejecutar por distintos actores y sectores, incluyendo a la Academia, en cumplimiento del artículo 82 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que le asigna a la Universidad de San Carlos de Guatemala promover por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperar al estudio y solución de los problemas nacionales.

 

Detalles

  • El sector de la salud está especialmente interesado en la prevención de la violencia y tiene un papel clave que desempeñar al respecto.
  • La violencia se considera a menudo un componente ineludible de la condición humana, una realidad ante la que hemos de reaccionar en lugar de prevenirla. Pero estos supuestos están cambiando, gracias al éxito de fórmulas de salud pública aplicadas a otros problemas sanitarios de origen medioambiental o relacionados con el comportamiento.
  • Un requisito básico para afrontar el problema de la violencia de manera integral es que las personas trabajen juntas en asociaciones de todo tipo, y a todos los niveles, para elaborar respuestas eficaces.
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